Por: Yanira Reyes
Nuestro sistema jurídico, político y social se vanagloria de la protección a la libertad de expresión como base fundamental de la democracia. Afirmamos con bastante frecuencia que otros países en los que, de acuerdo a nuestra perspectiva, no existe esa protección a la libre expresión, son países autoritarios y bárbaros.
Por supuesto, la expresión a la que nos referimos casi siempre es a una expresión cómoda, aquella con la que no tenemos mayores diferencias. La expresión que favorece la religión cristiana, la expresión que favorece la libertad del mercado, la que favorece la voluntad individual, son expresiones con las que mucha gente tiene acuerdos, que es protegida y por la que incluso condenamos a los gobiernos que las limiten.
Pero cuando la expresión es en torno a la defensa de los derechos de gente distinta a las mayorías, cuando la expresión es sobre asuntos con los que no se está de acuerdo, cuando la expresión limita la comodidad de nuestro día a día y molesta, entonces la percepción cambia.
Cuando la expresión molesta se recurre al viejo planteamiento del choque de derechos, ¨tus derechos terminan cuando comienzan los míos¨. Siempre el límite de los derechos de quienes protestan se establece a partir del comfort de quien no protesta. Cuando se afecta el tránsito porque alguna manifestación está causando tapón, cuando tememos no tener energía eléctrica para ver la televisión en la noche, cuando no puedo entrar a la universidad un día y hay amenazas de extensión de semestres académicos, en esos casos la libertad de expresión molesta y comenzamos a ponerle límites, a cortarle espacios.
De esa misma forma reaccionan los gobiernos a la expresión que les molesta y les reta. La expresión en apoyo a sus candidaturas en tiempos de campaña aunque paralice el tránsito, no les molesta, por el contrario se protege. Las expresiones simpáticas que no presentan retos al poder o a la normalidad –por ejemplo, la banda municipal, el 10k por una causa benéfica, la toma de posesión, esas no tratan de ser controladas, por el contrario reciben seguridad.
Pero aquellas expresiones cuyos contenidos están en contra de las políticas de los gobiernos, cuando son para denunciar medidas que niegan derechos, para defender derechos de las mujeres, de las comunidades, de los y las trabajadoras, de la educación pública, esas expresiones son controladas, reprimidas, criminalizadas.
Tenemos muchos eventos en la historia en las que tanto los gobiernos de Estados Unidos, como los de Puerto Rico han tratado de controlar la oposición mediante la criminalización de la protesta social y la disidencia. Podemos recordar en los Estados Unidos las leyes anti espionaje y sedición de principios de siglo 20 que convertían en delito cualquier oposición o expresión contraria a las fuerzas armadas de los Estados Unidos o los procesos legislativos de acusaciones a personas de la oposición política durante lo que se conoció como el Macartismo.
En Puerto Rico podemos recordar la Ley de Mordaza en Puerto Rico o las carpetas de subversivos, procesos ¨legales¨ ambos mediante los cuales la oposición política se convirtió en delito, en otras palabras la expresión se criminalizaba.
Las enmiendas propuestas al Código Penal del Puerto Rico son el ejemplo más reciente de un gobierno tratando de controlar la expresión que les molesta, la expresión en contra de sus políticas de austeridad y negación de derechos. Estas medidas son contrarias a los derechos constitucionales y humanos ya que no solo establecen controles de forma sino que criminalizan la oposición política.
La propuesta de enmienda al Artículo 246 que configura como delito el demorar, estorbar u obstruir a un funcionario público se crea para impedir la expresión en contra de las políticas públicas injustas y la ejecución de tales medidas por funcionarios públicos. La propuesta de reestablecer el artículo 247 que penaliza la obstrucción de acceso o de labores en instituciones de enseñanza, de salud y de edificios públicos se crea para impedir la lucha de la comunidad universitaria por salvar la educación pública, del pueblo por proteger sus derechos de acceso a la salud y de los trabajadores y trabajadoras que defiendan sus derechos ante las medidas anti obreras recientemente aprobadas por este gobierno.
Estas medidas intentan coartar la expresión que es derecho fundamental, que es derecho humano. Estas medidas intentan criminalizar la acción democrática. Nuestros derechos no terminan con la expresión que molesta. Con esta expresión que hace ruido, que reta, que desestabiliza, nuestros derechos comienzan, crecen y se afianzan.
Recuperado vía El Nuevo Día
