Por María Dolores Fernós
Las profesoras Marilucy González Báez, Patricia Otón Olivieri, Yanira Reyes Gil y Esther Vicente son también coautoras de esta Declaración del Instituto de Estudios de Mujeres, Género y Derecho (Inter-Mujeres).
La amenaza del virus COVID-19 ha cambiado nuestra cotidianidad y nuestras vidas. Nuestras prioridades han variado y la preocupación por nuestra salud nos agobia. En aras de mantener controlado el contagio, apoyamos las medidas de aislamiento físico y cierre de espacios públicos. Es necesario atender cómo las medidas impuestas por el gobierno afectan a las mujeres.
Después de los estragos de los huracanes Irma y María y de los desastres ocasionados por la pobre respuesta del gobierno, señalamos que es imprescindible hacer análisis de desastres y políticas públicas con perspectiva de género. Señalamos que los desastres tienen un impacto diferenciado en poblaciones vulnerables, y de manera más severa en mujeres. Encontramos que en situaciones de emergencia se exacerban las divisiones de trabajo por género (cuidado, tareas domésticas, responsabilidad por alimentación, etc.), las mujeres no se incluyen en los procesos decisionales, su trabajo es invisibilizado o menos valorado, aumentan los estresores que pueden agravar las situaciones de violencia doméstica y agresión sexual, confrontan altos niveles de inseguridad, e incrementa la vulnerabilidad de mujeres ancianas, niñas, con discapacidad y migrantes.
La falta información acerca de lo que puede estar pasando con las órdenes de protección en situaciones de violencia doméstica, por ejemplo: ¿cómo se está instrumentando el alejamiento? ¿se está sacando a la persona agresora del hogar? ¿se va del hogar la persona que solicita la orden? Tampoco hay información acerca del acceso a las intercesoras en los procesos judiciales. Recomendamos que se investigue este asunto y se incorporen medidas para garantizar que las intercesoras y representantes legales puedan ejercer sus funciones.
Nos preocupa, además, el efecto que pueden tener las medidas de aislamiento en las relaciones paterno o materno filiales y los programas de custodia. La gobernadora anunció que los y las menores de padres divorciados deben permanecer con la persona custodia hasta el 12 de abril de 2020. Como conocemos las mujeres son mayormente las personas con la custodia de sus hijos e hijas después de un divorcio. Nos preocupa que esta nueva medida agudice el impacto del aislamiento físico o del distanciamiento social sobre las mujeres, recayendo sobre estas la totalidad de la responsabilidad del cuido, alimentación y educación de los los niños y niñas.
El impacto económico de las medidas actuales afectarán la capacidad de pago de las personas alimentantes, lo que impacta directamente a los menores y a la persona custodia, que generalmente son las mujeres. Por eso, entendemos urgente y necesario que el gobierno establezca un fondo especial para suplir esta carencia de ingreso de supervivencia para estos casos.
La nueva realidad ha vertido la responsabilidad primaria por la enseñanza de los niños y niñas sobre los progenitores, en la inmensa mayoría de los casos, las madres. Ambos sistemas, el público y el privado, de manera improvisada han establecido el “home-schooling”, sin la planificación ni preparación de los nuevos facilitadores del proceso de enseñanza-aprendizaje. También podría recaer sobre las madres de estudiantes del programa de educación especial el proveer, en consulta con sus terapistas, estrategias de terapias para atender de alguna manera sus necesidades.
El impacto económico de las medidas tomadas por el gobierno expone a las mujeres a condiciones de mayor precariedad, particularmente, aquellas con discapacidades, condiciones graves de salud y adultas mayores. Los paquetes de ayudas económicas presentados por el gobierno, no reconocen el trabajo doméstico ni el trabajo del cuidado a menores o familiares envejecientes como trabajo indispensable, ni proveen compensación económica a las mujeres que lo realizan.
El aislamiento social, la precariedad económica, la falta de una red de apoyo familiar o comunitaria, la falta de acceso a servicios, falta de acceso al sistema de justicia y a representación legal y la sobrecarga de trabajo en el hogar, son estresores asociados a las nuevas normas de distanciamiento físico que complican las condiciones de vida de las mujeres y las exponen a eventos de violencia.
En situaciones de emergencias de salud pública al igual que en las situaciones de desastre es necesario que se asuman las respuestas de gobierno y las políticas públicas con una perspectiva de género. Hoy más que nunca.
