Por Sara Más
(farias@enet.cu)
La Habana, mayo (Especial de SEMlac).- El reclamo de que se admita la unión o el matrimonio entre personas del mismo sexo se sigue abriendo paso en la sociedad cubana, donde todavía este es un asunto pendiente, en espera de aprobación legal.
Visto cada vez más como un acto de justicia, ese reconocimiento significaría también una garantía para el ejercicio de otros derechos que hoy no pueden disfrutar las personas homosexuales, bisexuales, transgénero, transexuales, interesexuales y queers.
“Se trata de un tema pendiente y todavía muy polémico”, reconoció la profesora cubana Marta Prieto, de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, durante el Segundo Taller Regional “Derecho Constitucional en el Caribe: Género, Sexualidad y Raza. Matrimonio igualitario”, realizado el martes 10 de mayo en la capital cubana.
El encuentro estuvo auspiciado por el Programa de Género y Derecho de la Unión Nacional de Juristas de Cuba (UNJC), el Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), Inter-Mujeres de Puerto Rico y el Instituto de Estudios sobre Mujer, Género y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.
Partidaria de seguir educando a la sociedad en la comprensión y aceptación de este tema, Prieto aboga también por avanzar en la interpretación inclusiva y amplia de las leyes, así como en su necesaria actualización.
Frente al tema surgen posturas muy diversas.
Hay quienes abogan por legalizar el matrimonio igualitario, con los mismos derechos y deberes que el actualmente consagrado en la Constitución para un hombre y una mujer.
También personas que, ante las limitaciones del matrimonio como institución y la permanencia de evidentes resistencias, abogan por el reconocimiento legal de la unión, fórmula que se emplea en la propuesta elaborada hace años en Cuba y todavía en espera de discusión y aprobación para renovar el Código de Familia.
Lo que sí está claro, según activistas y juristas, que no es posible seguir hablando de “la familia” en singular, ante la cantidad de tipos de familias y reconfiguraciones asociativas que establecen las personas, consideren o no el matrimonio.
Para Teresa De Jesús Fernández, mujer lesbiana que mantiene una relación estable de convivencia de muchos años con su pareja, el matrimonio igualitario es importante, aunque ella no lo necesita, precisamente, para hacer valer su amor.
“No me hace falta como ser humano, porque no necesito legitimar mi relación a través de un matrimonio; no tengo que firmar papeles para que mi relación amorosa sea completa y válida”, asegura a SEMlac.
Sin embargo, en materia de derechos, sí supone un problema, porque “la sociedad no garantiza determinados derechos si no existe un matrimonio legalizado y reconocido”, sostiene.
Se trata de otros derechos que la pareja heterosexual, consagrada incluso en el texto constitucional, sí tiene garantizados, como el derecho de sucesión, de herencia, adopción y acceso a la reproducción asistida.
“De ese modo, al no tener posibilidad de establecer un matrimonio legal, se nos están negando derechos que disfrutan las parejas heterosexuales constituidas, solamente por el hecho de que amamos de otra manera”, reitera a SEMlac la filóloga que dirige la editorial del Cenesex.
“Eso es lo fundamental: que se mantienen vacíos legales que afectan de manera muy profunda la vida de las personas LGBTI, como no poder legitimar una relación por la institución matrimonial y, como consecuencia, un tipo de familia con los mismos derechos que todas”, sostiene De Jesús Fernández.
“Que yo pueda decir este es mi hijo y aquella, mi compañera, es su mamá también, somos dos mamás; eso no está garantizado ni reconocido”, agrega.
Para Manuel Vázquez Seijido, asesor legal del Cenesex, es ilógico que se mantenga hoy día el matrimonio como premisa para la adopción.
“Esa subordinación del matrimonio formalizado como requisito indispensable para la adopción no solo lesiona los derechos de personas LGBTI, también de heterosexuales que deciden generar vínculos de filiación por la vía de la adopción, sin que necesariamente deseen sujetarse a la institución matrimonial como una legitima opción de vida”, argumentó.
Incluida hace varios años en una propuesta para modificar el Código de Familia en Cuba, que data de 1975, la unión entre personas del mismo sexo aguarda por ser discutida y finalmente aprobada por el Parlamento cubano.
Aunque no se ha informado públicamente acerca del estado de la propuesta en curso ni su fecha posible de discusión, no faltan rumores o comentarios acerca de que, posiblemente, deberá ocurrir primero una reforma constitucional, anunciada ya por el gobierno cubano.
Ante la ausencia de legislaciones que reconozcan o protejan a las familias del mismo sexo u homo afectivas, tampoco faltan especialistas que abogan por no esperar pasivamente e ir dando algunos pasos.
“Se impone que los profesionales del sector hagan una interpretación dinámica y extensiva del Derecho”, sostuvo Yamila González Ferrer, vicepresidenta de la UNJC y coordinadora de su programa de Género y Derecho.
Entre otros ejemplos, la especialista expuso la posibilidad de hacer una nueva interpretación de lo que ya está en la Constitución.
Tal es el caso, citó, del artículo 9 de ese texto, en su inciso a, donde se afirma que “el Estado garantiza la libertad y la dignidad plena del hombre, el disfrute de sus derechos, el ejercicio del cumplimiento de sus deberes y el desarrollo integral de su personalidad”.
“El respeto a la dignidad y al desarrollo integral de la personalidad está atravesado por el respeto a la diversidad, a las formas en que las personas expresan su personalidad, disfrutan su vida y son felices”, comentó como argumentos posibles de esgrimir en defensa de la legitimidad de esas parejas.
No obstante, sigue siendo una gran barrera carecer del correspondiente amparo legal, constataron juristas y activistas durante el encuentro.
En opinión de Seijido, “la institución matrimonial, en su regulación actual en Cuba, tiene un limitado y discriminatorio contenido, en tanto está delimitada solo para un grupo de personas y no deja espacio a ningún tipo de interpretación extensiva”.
“Se trata de un matrimonio configurado por una pareja heterosexual y en esa dinámica se fundamenta, además, la visión constitucional de familia”, precisó.
En países donde incluso se ha avanzado y está legalizado el matrimonio igualitario, todavía quedan resistencias que vencer.
“El derecho al matrimonio con personas del mismo sexo es parte de la agenda, pero no es suficiente”, señaló Esther Vicente, profesora de la Universidad Interamericana de Puerto Rico e integrante de Intermujeres, quien abundó en el valor de tener en cuenta lo que dicen las personas que confrontan una vida llena de discrimen y exclusión.
Vicente llamó a valorar también otros aspectos estructurales que causan desigualdad e injusticia, reconocer las diversas identidades y atender necesidades específicas que genera el pertenecer una etnia, raza, condición económica o de género, entre otras dimensiones.
La jurista cubana Rita María Pereira insiste en la necesidad de atemperar la legislación cubana al reconocimiento de nuevas situaciones. “Se trata de realidades antes desconocidas, no investigadas, antes no legitimadas y que ya hoy, mundialmente, lo son”.
Jurídicamente hablando, ello daría protección a otros derechos como nuevas parejas y familias reconocidas, a la no discriminación laboral y la adopción, entre otros.
“Eso tendría un impacto que irradia sobre la persona en su ámbito familiar, laboral, profesional, escolar, el personal, en el empoderamiento del ser humano y, además, dignificaría a la persona. Sería una medida coherente con el proyecto de igualdad y justicia social por el cual venimos luchando desde hace décadas”, asegura a SEMlac.
Tanto Pereira como Teresa de Jesús Fernández, coinciden en borrar todo viso discriminatorio de la letra jurídica y apuestan por un enunciado que defina el matrimonio en Cuba como el de “dos personas que se aman”, sin alusión a sexo o género.
Aun cuando asegura estar convencido de que “el matrimonio gay” o la “adopción homosexual” no existen como conceptos en sí mismos, el jurista Manuel Vázquez Seijido reconoce su valor como categorías políticas acuñadas por movimientos sociales que han buscado reivindicar derechos y visibilizar espacios de vulneración de esos derechos.
Por ello se incluye entre quienes aspiran a “avanzar en los discursos por el matrimonio y la adopción para todas y todos”.
Aunque, evidentemente, en el contexto actual “necesitamos la etiqueta con el perjuicio que ello lleva, pero también con la ganancia de visibilizar una cuestión de vulneración que está latente”, aseguró.
Se dijo también que no solamente debe promoverse el matrimonio igualitario, sino la eliminación de todas las formas de discriminación por orientación sexual e identidad de género en los escenarios laborales, familiares, escolares y la sociedad en general, además de garantizar protección y derechos por igual a todas las personas, deseen o no contraer matrimonio.
El reconocimiento legal de uniones o matrimonios igualitarios es también un paso necesario en Cuba para el reconocimiento de otros derechos, como el de sucesión o los de adopción y acceso a la reproducción asistida, actualmente limitado solamente a parejas heterosexuales constituidas.
Durante el encuentro, las y los asistentes se pronunciaron igualmente por reformar aspectos de la Constitución y las leyes, incluir explícitamente la no discriminación por orientación sexual e identidad de género y promover un conocimiento integral de la sexualidad como parte de la cultura jurídica de los operadores del Derecho, otras profesiones y de la sociedad en general.
Además, establecer los mecanismos legales para garantizar el acceso de todas las personas a la reproducción asistida y seguir elevando los conocimientos y la cultura jurídica de la población para que sepa leer la norma y exigir sus derechos.
